Gobierno acusa de motín a vocera de enfermeras

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María de Jesús Espinosa de los Santos, una de las cinco enfermeras chiapanecas del Hospital “Doctor Rafael Pascasio Gamboa” que mantuvo dos huelgas de hambre entre abril y mayo de 2017 en demanda de medicinas, materiales y el cese de irregularidades administrativas en el sector salud local, fue denunciada por el delito de motín, acusación derivada de la protesta.

En 2017 el gobierno de Chiapas firmó un acuerdo con las enfermeras en huelga y se comprometió a atender sus demandas y no tener represalias en su contra por exigir sus derechos laborales. Sin embargo, el pasado 29 de diciembre la Fiscalía General de Chiapas giró una orden de aprehensión en contra de la vocera de las enfermeras, María de Jesús Espinosa, y tres integrantes más del sindicato del sector salud estatal, todos acusados del delito de motín en daño a la sociedad, conducta originada por las protestas que realizaron.

En consecuencia, el pasado 9 de enero fue detenido, en Tuxtla Gutiérrez, Límbano Domínguez Alegría, quien está recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 14 “El Amate”, en el municipio de Cintalapa.

Por su parte, la enfermera María de Jesús Espinosa –actualmente reguardada por familiares y compañeras de lucha– fue llamada a comparecer al penal de “El Amate” el próximo 8 de febrero, informó en entrevista Emma Escobar López, una de las enfermeras que también estuvo en huelga.

La enfermera anunció que el próximo 6 de febrero se trasladarán a la Ciudad de México y convocarán a un mitin frente de las instalaciones de la Secretaría de Salud, en demanda del cese a la persecución y criminalización en contra de Espinosa y la inmediata liberación de Límbano Domínguez.

En caso de no tener respuesta antes del 8 de febrero por parte de las autoridades –previo a la cita que tiene la vocera de las enfermeras para declarar– Emma Escobar señaló que las enfermeras comenzarán su tercera huelga de hambre.

La demanda de las enfermeras chiapanecas comenzó en 2011, cuando se percataron que sus aportaciones por prestaciones eran retenidas y comenzaron a exigir que se depositaran esos recursos a las instituciones de crédito correspondientes.