FORENCES argentinos exhumarán en Chiapas cuerpo de niño en Ocosingo

237

Miembros del equipo forense que trabajó en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, arribaron al estado de Chiapas para participar en la exhumación del cuerpo de Humberto Morales Sántiz, de 13 años de edad, asesinado en el ejido El Carrizal, municipio de Ocosingo, Chiapas; según el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), a manos de fuerzas paramilitares.

La exhumación y traslado de los restos del menor al Servicio Médico Forense (Semefo) de Tuxtla Gutiérrez, se llevó a cabo de forma coordinada con la Fiscalía General del Estado, a través de su delegado en Ocosingo y de la Fiscalía de Asuntos Indígenas.

Al respecto, un comité del FNLS,  exigió justicia para el adolescente ultimado el pasado 28 de febrero en El Carrizal. En este contexto, Ollín Amaro, integrante de la organización, denunció que a cuatro meses del atentado, no hay avances en el proceso judicial y ni siquiera existen líneas de investigación para dar con los responsables materiales e intelectuales.

“Desde que se cometió el crimen de Estado contra nuestro compañero, el gobierno mexicano a través de sus funcionarios e instituciones actuó con negligencia, dilación y burocratismo para no tener acceso una investigación pronta y expedita; política de gobierno que refleja la existencia de un Estado policíaco-militar”, dijo.

Por su parte, Roberto Mendoza, también miembro del FNLS, acusó a todas las instancias –estatales y federales- por no actuar en consecuencia, por lo que reiteró que este caso, al igual que las desapariciones forzadas y el acoso que han vivido otros miembros de esta organización, son el contexto de agresión directa por parte del Estado mexicano a través de sus fuerzas policiacas.

Agregó que, pese a que la organización, comunidad y los familiares de Humberto Morales Sántiz, acudieron al Ministerio Público del municipio de Ocosingo para seguir de cerca el proceso, el Fiscal no llevó a cabo las diligencias para iniciar con las investigaciones precisas.

Por el contrario, dio a conocer que las autoridades han actuado con dolo y dilación en la carpeta de investigación.

“El niño fue por la tarde a la parcela a traer leña, fue alrededor de las cinco o seis de la tarde que no se supo de él. No regresaba. Los familiares se inquietaron, se preocuparon y entonces emprendieron una búsqueda (…) alrededor de las ocho de la noche dan con el cuerpo ya tirado. Prácticamente hemos denunciado que hay una presunción de tortura y la posterior ejecución con un tiro de gracia”, narró.

Mendoza, informó que desde hace más de un año, efectivos del Mando único, instalaron un campamento en el ejido El Carrizal de forma anticonstitucional, en el cual han actuado junto con grupos paramilitares.

“De hecho, cuando los compañeros estaban en búsqueda del menor, alrededor de las cinco de la tarde, se vieron torretas prendidas de la policía en el campamento paramilitar ¿cuál fue la alarma? estamos en el supuesto que tenían conocimiento de esa ejecución.”

Fue a través de movilizaciones y protestas como los familiares del menor y el Frente, lograron que el gobierno federal y del estado de Chiapas, aceptaran el inicio de un peritaje independiente a cargo de un médico forense, un criminalista, un especialista en fotografía forense y una antropóloga física, provenientes de Argentina.

Sin embargo, lamentaron que, pese a haber aceptado el peritaje por la vía independiente, el Estado esté respondiendo con actos de represión:

“Hoy (martes) desde las diez de la mañana que estábamos realizando una movilización de información a la población a la altura del crucero de San Pablo, en San Cristóbal de las Casas, desalojan a los compañeros con gases lacrimógeno y golpes. Esa es la respuesta. Por eso reiteramos la exigencia para que las instituciones y funcionarios no entorpezcan el trabajo de los antropólogos; de hacerlo, esto sería una política de Estado, una consiga de no hacer justicia de este y otros casos”, declaró.

De acuerdo con Roberto Mendoza, los especialistas forenses estarán en Chiapas por tres días, tiempo en que esperan, puedan obtener los datos precisos para tener más información que los dirija al o los responsables de dicho crimen.

Cabe mencionar que, para no realizar la necropsia de ley en su momento, la Fiscalía de Ocosingo, argumentó que los familiares no permitieron que se llevara a cabo, sin embargo, el declarante reiteró que incluso ellos acompañaron a los familiares para saber los resultados de este proceso, pero al ser una familia de bajos recursos y monolingües, fueron persuadidos fácilmente para firmar documentos sin saber de qué se trataban y evitar la necropsia.

Finalmente, responsabilizaron al presidente de México, Enrique Peña Nieto; al gobernador del estado, Manuel Velasco Coello; al Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar y al Mando Único, de cualquier atentado contra la integridad física y psicológica de los peritos argentinos, de cualquier integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y de los defensores de los derechos humanos que se han solidarizado con su causa.

También exigieron un alto al terrorismo de Estado, la presentación con vida de los detenidos y desaparecidos en el país, la presentación con vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Edmundo Reyes Amaya y Fidencio Gómez Sántiz.